El caso de Beatriz: ¿Quién tiene la palabra?

REVISTA ENVIO

EL SALVADOR

El caso de Beatriz:
¿Quién tiene la palabra?

ELAINE FREEDMAN

Beatriz: una joven campesina que padece lupus

y embarazada de un feto anencefálico:

¿Se interrumpe o no ese embarazo?

Este caso extremo fue noticia internacional y reavivó el debate sobre el aborto.

Un debate en el que muchos hablan

y en el que la palabra le corresponde a las mujeres

que viven cotidianamente estos dilemas.

Cuando el tema del aborto y el derecho a decidir se ponen sobre la mesa, todos se convierten en filósofos, teólogos, científicos y abogados, expertos en temas tan trascendentales como la vida humana, la moral y los derechos humanos. Es entendible en una sociedad donde sólo los “expertos” parecen tener derecho a tomar decisiones sobre estos asuntos. Los seres corrientes, incluyendo a las mujeres que, por una razón u otra, estando embarazadas, no quisieran o no pudieran dar la luz, parecen no tener “palabra” sobre el tema. El caso de Beatriz no fue la excepción.

 

una vida
en extremo peligro

El 2 de marzo de 2013, Beatriz, una joven campesina de 22 años, fue ingresada en el Hospital Rosales de San Salvador después de 15 días de fiebre, eritema y úlceras infectadas en la piel.

Por creerse embarazada y para no perjudicar al feto ella había suspendido los medicamentos que empleaba para tratar los síntomas del lupus eritematoso discoide que padece. Las dos ultrasonografías realizadas demostraron que su sospecha era una realidad: tenía un embarazo de 13 semanas y el feto sufría de anencefalia: carecía de cerebro y de cráneo, sin los cuales no es viable la vida.

Diez días después de su ingreso, el Jefe de la Unidad Jurídica del Hospital de Maternidad presentó un escrito a la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia. Decía:“Es de vital importancia realizarle un procedimiento médico, ya que de no hacerlo hay una fuerte probabilidad de muerte materna”. Añadía que la anencefalia del feto “es una anomalía mayor incompatible con la vida extrauterina”. El escrito buscaba “el pronunciamiento de la autoridad o institución competente, ya que de no proceder quirúrgicamente corre extremo peligro la vida de la madre”.

Ahí comenzó el calvario de Beatriz, convertida en un caso “emblemático” cuando la joven, madre ya de un niño de trece meses nacido en un parto muy arriesgado, se decidió por una acción legal para agilizar la solicitud del equipo médico del Hospital de Maternidad. A estas alturas, ya contaba con 17 semanas de embarazo.

Los únicos que podían dar curso legal a su decisión eran los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, puesto que el aborto está prohibido en El Salvador desde 1999, en cualquier caso y como llave de esa incondicionalidad, la Constitución reconoce que la vida humana inicia “desde el momento de la concepción”.

ayúdeme, señor presidente, yo quiero vivir”

El reloj avanzaba. El personal médico del Hospital de Maternidad no se atrevía a realizar el procedimiento de interrupción de aquel embarazo inviable para salvar la vida de Beatriz, que ellos mismos recomendaban, por miedo a ser acusados de practicar un aborto. Según un comunicado de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético Y Eugenésico, “incluso le han manifestado a Beatriz los médicos que ella sería la primera en ir a la cárcel en caso de que le interrumpan el embarazo”.

Esta agrupación propone la despenalización cuando corra peligro la salud o la vida de la mujer (aborto terapéutico), cuando el embarazo sea producto de violación (aborto ético) y cuando el feto tenga graves malformaciones (aborto eugenésico).

Ante el retraso en hallar una salida, Beatriz apareció en una breve entrevista televisiva pidiendo “al Presidente Mauricio Funes que me ayude a que la Sala acepte interrumpir el embarazo”. Y añadió: “Sabiendo que no va a vivir el niño al nacer, yo creo que sería mejor que me lo hicieran por salvar mi vida. No tiene sentido continuar con mi embarazo, que no va a vivir… Yo quiero vivir.”

La Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, apoyó el recurso de amparo de Beatriz y abogó por un “abordaje médico-legal de forma urgente”, explicando que “la condición de la paciente se deteriora con la progresión del embarazo”.

el retraso
de Los “cuatro fantásticos”

Los “cuatro fantásticos”, miembros de la Sala de lo Constitucional -en esta ocasión se sumó también el Presidente de la Corte-, tan famosos por juicios veloces, como cuando resolvieron a favor del Coronel Sigifredo Ochoa Pérez y en contra del Presidente Funes en menos de quince días, magistrados que se jactan de “independencia judicial” -lo que pocos creen pero muchos repiten-, tardaron 48 días en dar su fallo. Para Beatriz, los magistrados no fueron superhéroes. En este caso, su afamada valentía brilló por su ausencia. Le dieron largas y cuando, finalmente resolvieron en contra del amparo, los siete meses de embarazo ya habían concluido. Por lo tanto, terminar el embarazo ya no calificaba como “aborto”, sino como “parto inducido”, y las consecuencias reales de un fallo de la Corte Suprema de Justicia carecían de sentido.

La Ministra de Salud aclaró que “en este momento la interrupción del embarazo ya no es un aborto, es un parto inducido, porque ya Beatriz superó las 20 semanas de embarazo”.

los peritos
de medicina legal

La Sala de lo Constitucional pidió un peritaje al Instituto de Medicina Legal (IML). Se realizó hasta el 3 de mayo, más de 15 días después de que la Corte admitió el recurso de amparo. El manejo del peritaje le tocó a José Miguel Fortín Magaña, director del IML. En el Tribunal de Ética Gubernamental, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico acusó a Fortín Magaña porque su tarea faltó “a los más elementales principios de la ética profesional, vulnera los derechos ciudadanos y contribuye a generar más dolor e incertidumbre en Beatriz”.

Víctor Mata Tobar, abogado de Beatriz, quien presenció el peritaje, pidió su nulidad, argumentando que “todos los médicos alrededor de Beatriz le hacían preguntas con términos médicos que ella no comprendía durante unos 20 minutos”. Señaló también que el IML no siguió el proceso reglamentado para nombrar a peritos externos. Y cuestionó la participación de médicos de la Asociación de Bioética que, previamente, habían declarado públicamente que Beatriz debía llevar a término su embarazo, independientemente de las consecuencias para su salud y su vida posterior. “Paradójicamente -dijo Mata Tobar- la única asociación médica que se ha pronunciado públicamente por la interrupción del embarazo es la Asociación Nacional de Ginecología y no fue convocada”.

Fortín Magaña, director del IML, es miembro del Opus Dei. Declaró en 2012 en una entrevista a El Diario de Hoy:”Si usted se fija, en todos mis discursos, por muy pequeñitos que sean, siempre menciono a Dios porque es nuestro Señor”. No es sorprendente que este Instituto buscara peritos que coinciden con la posición del Opus Dei, que sostiene que una mujer que aborta “mata a su hijo”.

el peritaje:
“no hay razón médica”

Tampoco fueron sorprendentes las conclusiones del IML: “No hay razón médica para suspender el embarazo”. Al contrario del diagnóstico avalado por la Ministra de Salud, el IML rechazó que la joven sufriera de insuficiencia renal.

Debe ponerse en duda este diagnóstico, porque no solamente la insuficiencia renal es una complicación que suele darse en pacientes de lupus, sino también es una realidad común entre la población de la zona del Bajo Lempa en Usulután, donde nació, creció y vive Beatriz. Según un estudio del Ministerio de Salud (1997-2008), el 11% de la población de esta zona padece de la enfermedad, vinculada al uso indiscriminado de pesticidas realizado durante décadas para que prosperara el monocultivo de algodón.

Mantener el tratamiento médico conservador, esto es, continuar con el embarazo, y si hubiese complicación o reactivación de las enfermedades crónicas ya descritas, proceder a su finalización por la vía que corresponda, por lo que se requiere que se mantenga ingresada en un centro hospitalario de tercer nivel”: ésta fue la recomendación del IML.

Al ver que el tiempo avanzaba, La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de remitir el caso a la Corte Interamericana, la CIDH emitió medidas cautelares para que el Estado salvadoreño interrumpiera el embarazo de Beatriz en un período no mayor de 72 horas, para salvar la vida de la madre, ya que no había esperanza de salvar al feto. El Estado en su conjunto hizo caso omiso de estas medidas.

dos sentencias
contradictorias

El 28 y 29 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de El Salvador dictaron sentencias contradictorias. Desde San José, Costa Rica, la Corte Interamericana -cuyas resoluciones son vinculantes para los Estados miembros, incluyendo a El Salvador- requirió que “El Estado de El Salvador adopte y garantice, de manera urgente, todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideran oportunas y convenientes para evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y la integridad personal y a la salud de la señora B.”

Con tres de cinco votos, la Sala de lo Constitucional de El Salvador sentenció lo contrario: “Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (por nacer) ni viceversa”. La Sala de lo Constitucional deseaba sentar un importante precedente contra todo aborto en El Salvador.

Es más, enfatizó que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción, como manda el artículo 1 de la Constitución de la República”.

el desenlace de beatriz

A estas alturas cualquier resolución pesaba mucho como antecedente jurídico para futuros casos, pero muy poco para Beatriz, quien estaba ya en la semana 27 de gestación con una salud que había empeorado mucho. “Me encuentro muy cansada. Se me está cayendo el pelo muchísimo y me cuesta respirar”, decía poco antes de la intervención, recostada en la cama.

Los médicos, que esperaban cualquier indicio de agravamiento de su estado de salud, no lo dudaron y el 3 de junio, hicieron la intervención quirúrgica. Ya no se llamaba aborto, sino “parto inducido”, por lo que el Ministerio de Salud esquivó las repercusiones legales en la Corte Suprema. Por cesárea, Beatriz parió una niña que pesaba 500 gramos y vivió apenas cinco horas, como habían pronosticado los médicos. La madre sobrevivió a la operación, se recuperó rápidamente con cuidados intensivos y fue dada de alta una semana después. Los daños permanentes a su organismo aún se desconocen.

Opiniones que no pesaron

La situación de Beatriz mereció opiniones públicas de la mayoría de actores políticos del país, a pesar de que el aborto es un tema que a pocos les gusta abordar en público.

El Presidente Funes, quien ha rehusado cualquier apertura para revisar la legislación anti-aborto de El Salvador,
fue sensible al caso de Beatriz, mostró su apoyo a la posición de la Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, quien defendió a Beatriz, puso el sistema de salud a su servicio y hasta entabló una relación personal con ella. El Presidente Funes declaró: “Quien tiene derecho a decidir sobre su vida y su hijo es Beatriz”.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, fue aún más contundente. Reafirmó su posición asumiendo la del Comité contra la Tortura del Sistema de Naciones Unidas, en octubre de 2009 que establece: La total penalización del aborto incrementa en gran medida el dolor y sufrimiento de muchas mujeres y niñas, incluidas las que buscan atención médica por complicaciones o las que desean someterse a un aborto terapéutico… porque la penalización del aborto acarrea dolor físico, temor, depresión y prisión para las mujeres
y niñas”.

Luna recomendó a las autoridades del Ministerio de Salud adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la vida, la salud y la integridad personal de la joven Beatriz y honrar el compromiso que en 2010 asumió
el Estado salvadoreño ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, comprometiéndose a promover “la creación del diálogo nacional, amplio y participativo, con los distintos sectores sociales y las entidades públicas relacionadas, sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva y sobre las implicaciones de las leyes restrictivas del aborto”. A la Asamblea Legislativa le recomendó revisar la legislación sobre el aborto para hacerla compatible y adecuarla con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El FMLN, siempre acorralado electoralmente si habla sobre el tema del aborto, no elaboró una posición oficial y fueron pocos los que levantaron su voz. Entre ellos, el diputado Guillermo Mata Bennett y Sigfrido Reyes, presidente del Órgano Legislativo. Mata Bennett recomendó el aborto terapéutico y Reyes recomendó sopesar la vida de Beatriz por sobre los dogmas.

A nivel internacional, más allá de la CIDH y de la Corte Interamericana, los apoyos para Beatriz provinieron de Amnistía Internacional, que recogió firmas respaldando la solicitud de Beatriz para interrumpir su embarazo. Desde España, el PSOE envió a un diputado, Javier Barrero, quién se reunió con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, con el de Educación y con el diputado Sigfrido Reyes, solicitándoles que hicieran una excepción en el caso de Beatriz para practicarle el aborto y salvar su vida.

Naciones Unidas fue el peso más pesado que respaldó a Beatriz en su petición de anteponer su propia vida, puesto que su hija no tenía posibilidades de sobrevivir. Reiteró, además, su “permanente disposición para facilitar
y apoyar el diálogo nacional que contribuirá al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en El Salvador”. Aunque el apoyo de Naciones Unidas es un peso, sin duda, pesado, en este caso resultó muy liviano frente a los pesadísimos y retrógrados pesos salvadoreños e internacionales que condenaban a Beatriz.

Opiniones que pesaron

La voz cantante para la denegación de la solicitud de Beatriz la tuvo la Conferencia Episcopal de El Salvador. En un comunicado difundido el 27 de abril, aseguraron los obispos que “denegar el procedimiento solicitado por Beatriz, en función de la protección del que ha de nacer, no constituye violación de derechos constitucionales”. Para consolar su conciencia, argumentaron que la interrupción del embarazo podría darse si fuera necesario, pero esto únicamente
en el momento en que la madre estuviera realmente en el límite entre la vida y la muerte. Afirmaban y reafirmaban que “su salud está estable”. No les bastaban los informes médicos y sólo se convencerían de que su salud peligraba cuando la vieran “al borde de la muerte”. Además, los obispos destacaron que “la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria en el que debe de nacer no debe equivaler a una sentencia de muerte”, ignorando que la anencefalia no es cualquier “malformación o enfermedad hereditaria”, ya que no se conocen casos que hayan sobrevivido más que algunas horas o días, ni en El Salvador ni en ninguna parte del mundo.

la palabra
de los muy poderosos

Pero los argumentos son lo de menos en estas afirmaciones. Lo importante es que quienes los sostienen tengan poder. Los miembros de la Red Familia de El Salvador lo tienen. La organización más activa en este conjunto de poderosos es la Fundación Sí a la Vida, filial de la organización transnacional Vida Humana Internacional, con sede en Miami. Su Presidenta en El Salvador es Julia Regina de Cardenal, esposa de otro dirigente de la Red Familia de El Salvador, Luis Cardenal, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria.

Para muestra, un botón. Vida Humana Internacional publicó un comunicado el 13 de marzo del año 2000, en el marco del proceso electoral en que Luis Cardenal participó como candidato a la alcaldía capitalina. Decían: “El domingo 12 de marzo del 2000 se celebraron en El Salvador las elecciones para los puestos de los alcaldes y los diputados del gobierno. ARENA, el partido político compuesto mayormente por personas que defienden la fe cristiana, la vida y la familia, perdió la Alcaldía de San Salvador frente al FMLN, el partido de oposición compuesto por personas a favor de medidas perjudiciales para el país, como el aborto y el feminismo extremista, así como un plan de acción socialista-comunista”.

La diputada Carmen Elena de Escalón, de ARENA, manifestó que la decisión sobre Beatriz correspondía a la Corte Suprema, pero estaba segura de que el Órgano Judicial se apegaría a derecho. “No está en nuestras manos, es a la Corte a la que le han pedido resolver. Tendrá que aplicar la Constitución y la Constitución quitó, no contempla el aborto terapéutico. Ahora, no me puedo meter en lo que la Sala pueda decir. Será la Sala quien tenga la última palabra, a mí lo que me rige es que nuestra Constitución no lo permite”, expresó y descartó que ARENA respalde alguna iniciativa a favor del aborto en el Congreso. En su calidad personal manifestó que, por sus principios y valores, no apoyaría atentar contra la vida del no nacido.

Rodolfo Parker, Secretario General y único diputado del Partido Demócrata Cristiano dijo: “La Constitución establece con claridad que existe vida desde el momento de la concepción y, por tanto, cualquier cosa que atente contra la vida es asesinato”.

A nivel internacional estos grupos tuvieron apoyo de las asociaciones anti-aborto de todo el mundo. La Asociación ProVida recogió firmas exigiendo que el Estado no permitiera la interrupción del embarazo y las entregó al Presidente Funes.

un poco de historia

Carl Sagan, posiblemente el divulgador científico más relevante del Siglo 20, hizo un rápido recorrido por las tradiciones humanas relacionadas con el aborto. “Entre los cazadores-recolectores no suele haber prohibiciones contra el aborto. También era corriente el aborto en la Grecia y la Roma antiguas. Por el contrario, los asirios, más severos, empalaban
en estacas a las mujeres que trataban de abortar. El Talmud judío enseña que el feto no es una persona y, en consecuencia, carece de derechos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo -que abundan en prohibiciones en extremo minuciosas respecto a la indumentaria, la dieta y las palabras- no aparece una sola mención que prohíba de modo específico el aborto. El único pasaje que menciona algo relevante en este sentido (Éxodo 21,22) declara que si surge una pelea y una mujer resulta accidentalmente lesionada y aborta, el responsable debe pagar una multa.

Ni San Agustín ni Santo Tomás de Aquino consideraban homicidio el aborto en fase temprana, Tomás de Aquino basándose en que el embrión no “parece” humano. Esta idea fue adoptada por la Iglesia en el Concilio de Vienne, Francia, en 1312 y nunca ha sido repudiada. La primera recopilación de Derecho Canónico de la Iglesia católica, vigente durante mucho tiempo -de acuerdo con el notable historiador de las enseñanzas eclesiásticas sobre al aborto,
John Connery, sj.- sostenía que el aborto era homicidio sólo después de que el feto estuviese ya “formado”, aproximadamente hacia el final del primer trimestre… Fue hasta 1869 que la Iglesia Católica convirtió el aborto en motivo de excomunión. Y hasta 1917, cuando la recién nacida URSS legalizó abortos gratuitos por primera vez en la historia, la prohibición total y absoluta del aborto fue integrada al Derecho Canónico de la Iglesia Católica”.

cuando el aborto era legal

Todos los códigos penales de El Salvador han criminalizado el aborto de distintas formas. No es extraño en una sociedad caracterizada a lo largo de su historia post-Conquista por sus rasgos autoritarios, militaristas y machistas.

El Código Penal de 1950 tipificaba el aborto como un delito, pero regulaba situaciones excepcionales que no merecerían sanciones: violación sexual y riesgo para la vida de la madre. Según este código, un juez también podía eximir de la pena a la mujer en condiciones de “angustia económica”. En el Código Penal, los tres supuestos de aborto no punibles eran: violación, aborto para salvar la vida de la madre y aborto eugenésico en caso de malformaciones importantes en el feto. En esta legislación aún utilizaban figuras como la “comprobada buena conducta” de la mujer como condición para reducir la sanción. De esta forma, la cultura patriarcal, la cultura clasista y la doble moral quedaron consagradas en la ley.

Obviamente, una mujer de “comprobada buena conducta” era una mujer de la burguesía, que gozaba de respaldo institucional. Vale mencionar que aunque esta diferenciación fue posteriormente omitida de la legislación respectiva, siguió marcando la realidad salvadoreña. Roberto Sánchez, Director del Hospital de Maternidad, lo ilustró al referirse al caso de Beatriz: “Estamos hablando de una paciente pobre. Cualquier paciente con disponibilidad económica lo que hace es irse fuera del país y viene ya de regreso sin el problema. En Miami resuelven el problema”.

cómo lograron
la penalizació
n

En 1993, en vísperas del primer proceso electoral después de la firma de los Acuerdos de Paz (1994), la Fundación Sí a la Vida y organizaciones afines presentaron una iniciativa en la Asamblea Legislativa para declarar el 25 de marzo “Día Nacional del No Nacido”. Fue aprobada sin debate ni oposición y marcó un giro en el proceso penalizador.
En los años siguientes, las organizaciones feministas comenzaron a levantar el tema de la despenalización del aborto, a la luz de algunas conquistas que se lograban en materia de derechos de las mujeres, tanto a nivel nacional como internacional.

El debate sobre el aborto se agudizaba cuando se discutía la aprobación de un nuevo Código Penal. A las organizaciones de mujeres les pareció un avance el hecho de que el anteproyecto de Código de 1994 eliminara figuras anacrónicas como el “aborto atenuado”, el relacionado con la buena conducta de la mujer. Sin embargo, la Iglesia Católica y los grupos ligados a la Fundación Sí a la Vida reaccionaron con una campaña mediática y de incidencia política que tuvo sus frutos en el Código aprobado. “La Prensa Gráfica” reportó entonces: “En la reunión solo faltaron porristas, y seria mentir decir que hubo solemnidad. Partidarios de “Sí a la Vida” y estudiantes de varios colegios de orientación religiosa (católicos y evangélicos) hicieron una presencia bulliciosa respaldando cada intervención a favor de la penalización. Por el contrario, abucheaban cuando un diputado del FMLN hablaba a favor de las excepciones”. Aprobado con los 42 votos de ARENA y los 7 del PDC, el Código Penal de 1997 prohibió el aborto sin ninguna excepción.

No satisfechos con esta victoria, cuatro días después la Asamblea Legislativa aprobó, con mayoría simple, una reforma constitucional para blindar la penalización del aborto en la Ley suprema de la nación. En los últimos 20 minutos de la última sesión del período de los diputados electos para 1994-97, lograron aprobar ésta y otras reformas, en un acto que fue prácticamente desapercibido por las organizaciones feministas, quienes esperaron casi un mes antes de marchar en contra de la penalización del aborto.

¿y el fmln?

La reforma constitucional no sería definitiva hasta la siguiente configuración de la Asamblea Legislativa, que tenía que ratificarla en febrero de 1999.

Ofelia Navarrete, diputada del FMLN, intentó introducir, en noviembre de 1998 con “dispensa de trámite”, una pieza de correspondencia que permitiría el aborto en los casos en los que la vida de la madre corría peligro. Viendo la oposición a esta pieza y la manipulación del tema por los medios de comunicación a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales de 1999, el FMLN retiró la iniciativa de Navarrete para que no fuera utilizada en contra del FMLN durante la campaña electoral.

En este contexto se votó la ratificación de la reforma constitucional. La bancada del FMLN dividió su voto y los que votaron a favor contribuyeron a que la penalización fuera ratificada con mayoría calificada. Esta actuación representó un giro en la votación del FMLN, que hasta entonces había respaldado los esfuerzos por la despenalización para garantizar los derechos de las mujeres.

¿por qué este retroceso?

¿Cómo se explica que en El Salvador la legislación sobre el aborto haya sido más punitiva y más violatoria de los derechos de las mujeres en tiempos de paz que durante la dictadura militar de los años 70? ¿Cómo es posible que en pleno Siglo 21, cuando se da por hecho que las sociedades occidentales, incluyendo la salvadoreña, han avanzado en “igualdad de género” y en los derechos de las mujeres, el Estado amarre las manos de sus propios médicos cuando está en juego, de forma tan evidente, la vida de una mujer?

Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de la Salud opina: “En nuestro país se dieron muchos retrocesos en los años 90. Después de la guerra aparecen las voces de fundamentalismos en temas que, anteriormente, no fueron de interés. El interés de la derecha en aquel momento era cómo frenar el desarrollo de la lucha popular y, posteriormente, cómo hacer y financiar la guerra. En los 90 la filosofía neoliberal promovió otro tipo de construcciones sociales que hicieron retroceder los derechos, no sólo en temas como el aborto o el matrimonio homosexual, sino también en temas como el agua, los servicios públicos y todo aquello que se entregó con las privatizaciones. La lucha de la derecha por penalizar la protesta social fue otra prioridad en pleno Siglo 21.

Es llamativo que el quiebre en la posición del FMLN, que marcó su retroceso en el tema del aborto -con la votación que ratificó la reforma constitucional que establece que la vida inicia en la concepción- se diera precisamente en el momento en que la conducción del FMLN estuvo en manos de Facundo Guardado y otros dirigentes que a lo largo de años posteriores se decantaron por posiciones conservadoras, anticomunistas y pro neoliberales.

Según Morena Herrera, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, “esta gente (la de los grupos anti aborto) no está sólo contra las mujeres que plantean la necesidad de interrumpir el embarazo, están contra cualquier pensamiento progresista. Y nuestra izquierda se ha dejado chantajear”.

palabras que revelan
Mitos patriarcales

Los grupos feministas salvadoreños identifican una serie de mitos patriarcales que fundamentan las legislaciones penalizadoras. Que la maternidad es la función más importante de las mujeres y que, por tanto, toda mujer debe ser madre, puesto que es su deber “natural”. Que el deber de toda mujer es sacrificarse siempre por sus hijos y por sus esposos. Una mujer que piensa en sí misma es “irresponsable”.

Teniendo en cuenta estas ideas, las feministas advierten que el propósito del movimiento “anti-aborto” no es “salvar a los bebés”, sino mantener a las mujeres en sus roles tradicionales. Sus palabras y opiniones en el caso de Beatriz demuestran esta afirmación, puesto que su hija no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir.

Lo que queremos es el bienestar físico y emocional de Beatriz y estamos tratando de que se acerque a nosotros para ayudarle”, insistía Julia Regina de Cardenal, Presidenta de la Fundación Sí a la Vida, mientras Beatriz vivía su calvario. Querían para ella un “bienestar” fundamentado en esos mitos. Posterior al parto inducido y a la inmediata muerte de la criatura, Cardenal afirmó: “El Salvador ha dado un ejemplo al defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y al demostrar “que no existe ninguna razón por la cual se tenga que sacrificar al bebé en el vientre materno para salvar la vida de la madre”.

Grupos nacionales e internacionales de los llamados provida “celebraron el desenlace” del caso de Beatriz. Pareció importarles poco la pronta muerte de la bebé. Quedó la impresión de que lo importante era que Beatriz, cuya voz quedó sepultada bajo tantos gritos del poder, no decidiera, sino que decidiera el Estado bajo las presiones de la Iglesia Católica y de las agrupaciones antiabortistas. Querían a una joven campesina condenada al silencio y obligada a cumplir “su papel histórico”.

beatriz puede contribuir
a un cambio

A finales del año 2012, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana (UCA) realizó una encuesta sobre el aborto, encargada por la Universidad de Harvard. En ese sondeo, el 58% de la población se mostró a favor de que cambie la legislación y se permita interrumpir el embarazo cuando la mujer enfrenta un riesgo de muerte.

El sondeo se hizo antes del caso de Beatriz. “Los sistemas conservadores se mueven sobre la base de la desinformación -explica Morena Herrera-, como la idea de que siempre se puede salvar las dos vidas o la idea de que la vida es una cosa abstracta y no una cosa concreta. Pero Beatriz era una mujer real y en su caso no era posible salvar a los dos seres”.

El caso de Beatriz ha hecho que la gente vea las repercusiones reales. Te puedes estar muriendo en este país y no te van a practicar un aborto al menos que sea en una clínica clandestina donde las condiciones higiénicas tampoco garantizan tu vida. Creo que el porcentaje de población sensible a la necesidad de las mujeres ha aumentado en esta coyuntura. A nivel de cultura, algo cambió con el caso de Beatriz.” Y esto significa que, a nivel jurídico, posiblemente algo también pueda cambiar.

una cuestión
de vida y muerte

Según la Agrupación Ciudadana, son más de 30 mujeres las que están condenadas hoy en El Salvador a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, cuando lo que les sucedió fueron abortos espontáneos. Otras 19 están encarcelados por haber escogido el aborto, aún en condiciones insalubres y altamente peligrosas, ante la opción de dar a la luz, una alternativa que ellas consideraban aún peor para sus vidas.

El Ministerio de Salud ubica el aborto entre las cinco principales causas de muerte entre las mujeres salvadoreñas, debido a los procedimientos insalubres que se practican clandestinamente. Para estas mujeres, el debate sobre el aborto no es un tema teórico para confrontar posiciones teológicas y filosóficas. Es un asunto de vida y muerte. Y son ellas quienes deben tener la palabra para opinar y para decidir.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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